El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y el Foro de Periodistas del Paraguay (FOPEP) se sumaron a la protesta para repudiar también “los 16 casos de periodistas asesinados” en Paraguay, que aseguraron aún continúan impunes. El último ocurrido el mes pasado.

“Se le solía decir ‘La fecha feliz’ pero nosotros lo llamamos la fecha infeliz de la impunidad”, dijo hoy a Efe sobre la efeméride Martín Almada, una de las víctimas de las torturas y secuestros que perpetró la dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989.

“Reivindicamos nuestra lucha contra la impunidad para que se castigue a los culpables, a los socios de Stroessner, a los cómplices y encubridores”, declaró Almada.

La estatal Comisión de Verdad y Justicia (CJV) en 2008 registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.

Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio por motivos políticos durante la dictadura que se convirtió en la más larga de Suramérica y socia de la Operación Condor, un plan de represión de los Gobiernos dictatoriales del Cono Sur.

“Yo estuve 1.000 días engrillado y encarcelado por escribir mi tesis en la universidad. Antes no se vivía mejor como dicen algunos. Vivían mejor los cómplices y los encubridores. Ellos vivían muy bien y el resto del pueblo vivía muy mal. No había prensa libre, nadie sabía nada”, manifestó.

Almada recordó que “la impunidad genera mas corrupción y más represión”. “Se fue Stroessner y quedó el Stronismo”, abundó.

El abogado, que se hizo célebre tras descubrir el llamado “Archivo del Terror”, compendio de documentos escritos donde quedó constancia de los crímenes que cometía la Policía y los militares por encargo del Gobierno, destacó que “los cerebros” de aquellas actividades “aún andan libres”.

“La Operación Condor fue una operación eminentemente militar pero se castigó a la Policía que hizo el trabajo sucio. No se fue a por el cerebro, los militares. Ellos andan libres y sueltos por la calle, son animales peligrosos”, espetó.

Las víctimas de la dictadura de Stroessner presentaron una querella hace un año en Argentina, donde se aplica la jurisdicción universal para esos delitos de lesa humanidad, justificada por el nulo avance en las investigaciones por parte del Ministerio Público.

En Argentina también se presentó otra querella para que se investiguen las presuntas torturas y matanzas que el régimen de Stroessner llevó a cabo contra el pueblo indígena aché.

Además, víctimas de tortura durante la dictadura paraguaya identificaron hace dos meses a 18 supuestos responsables de esos crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los cuales eran policías, quienes están en libertad.

Pero desde 2008 no ha habido ninguna imputación por crímenes de lesa humanidad contra los victimarios ya identificados, según los abogados de las víctimas.

Los operativos fueron encabezados por la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, a cargo del comisario Ronaldo Benítez, en conjunto con el Ministerio Público, Aduana, Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN.

Uno de los operativos fue realizado en el supermercado “El Ahorrrazo” en Capiatá, de donde se incautaron: 29 cajas de tomates (483 kilos), 16 bolsas de zanahoria (318 kilos), 13 bolsas de zapallo (391 kilos), 54 bolsas de cebolla (938 kilos), 16 cajas de manzana roja (292 kilos) y 37 packs de 12 unidades de aceite.

La pérdida estimada es de G. 60.000.000, según el reporte de la intervención.

El otro operativo anticontrabando se desplegó en el supermercado Colón, ubicado en la ciudad de Guarambaré, de donde también se incautaron mercaderías sin documentaciones pertinentes.

Lo incautado fue lo siguiente: 33 cajas de aceite Vicentin de 12/u de 1.5 litros, 45 cajas aceite Olemix de 4/ u de 4,5 litros, 2 fardos de Nescafé de 12/u de 170 gm, 34 bolsas de cebollas de 20 kg, 28 bolsas de papas de 20 kg/u, 154 panes de quesos de 4kg c/u, 64 unidades de aceite Vicentin de 1.5 litros, 6 unidades de aceite Vicentin de 900 ml y 74 unidades de aceite Solmne de 1.5 litros

En este caso, la pérdida estimada es de G. 100.000.000.

Por disposición del fiscal interviniente, todos los incautados fueron trasladados hasta el depósito de la Aduana, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

De varias localidades del departamento de Canindeyú, los productores se unieron y se congregaron desde temprano para cerrar la ruta principal de Yasy Kañy como medida de protesta.

Desde hace semanas exigen mejores precios de sus productos que, según indican, se les paga entre 380 a 400 guaraníes el kilogramo. Piden que se reajuste a 1000 guaraníes.

Refieren que los precios bajaron mucho en finca y eso genera pérdidas económicas a los productores. Esperan que las autoridades intervengan para mejorar la situación.

Desde ayer, los labriegos endurecieron la medida y comenzaron a retener los vehículos cargados con el producto

La Comisión de Legislación del Senado recomendó la aprobación con modificaciones del citado proyecto dirigido a todas las personas con discapacidad, ya sea, físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada.

Una de las modificaciones propuestas es quelas personas con discapacidad recibirán una pensión mensual de hasta el 25% del salario mínimo legal vigente. Para ser beneficiario según lo planteado en el proyecto se debe tener nacionalidad paraguaya natural, contar con un grado de discapacidad moderada o grave.

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Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconsejó aprobar con modificaciones, de tal modo, a volver más clara la situación con relación a la población objetiva y hacerlo de manera gradual.

Sin embargo, se expuso otro dictamen por el rechazo que se fundamenta debido a la dificultad financiera que representa la aprobación del proyecto.

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Durante el desarrollo de este tema, varios legisladores manifestaron su conformidad con el proyecto. En tanto que, el senador Basilio Núñez, señaló que la iniciativa no tiene la certeza de cuántas personas están con cierto grado de discapacidad y planteó la posibilidad de trabajar en un proyecto de Ley que beneficie a personas con discapacidad severa.

El proyecto fue rechazado y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.